(14/01/2015) El ministro de Transportes y Comunicaciones, Yeh Kuang-shih, dimitió el pasado 7 de enero, tras rechazar el Parlamento el plan de rescate del Ministerio para la compañía. El presidente de THSRC, Tony Fan, también dimitió.

La propuesta de Yeh implicaba la reducción de capital de THSRC en al menos un 60 por ciento, a través del rescate de acciones preferentes, lo que hubiera requerido posteriormente una ampliación de capital por parte de la compañía de 839 millones de euros.

El ministro argumentaba que extender la concesión de THSRC de 35 a 75 años permitiría a los cinco accionistas originales de la compañía continuar bajo el actual modelo construcción-explotación-traspaso.

Con dicha ampliación, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MOTC) calcula que THSRC podría generar unos ingresos de unos 890 millones de euros, cantidad suficiente para cubrir los costes de capital, la devolución del préstamo y los dividendos de los accionistas.

Al presentar su dimisión, Yeh advirtió que la decisión del Gobierno tendrá como consecuencia quiebra de THSRC, de modo que la sociedad podría entrar en proceso de liquidación el próximo mes de mayo, y no habría otra solución que la adquisición de la empresa por parte del Gobierno.

Un proyecto privado de envergadura

La línea de alta velocidad, de 345 kilómetros, conecta Taipei, la capital, y Kaohsiung, al sur del país. Está concebida para transportar hasta 300.000 viajeros diarios, a una velocidad máxima de 300 km/h, y discurre por la zona oeste de la isla, muy densamente poblada.

La apertura de la línea de alta velocidad estaba inicialmente prevista para octubre de 2005. Esta fecha se retrasó al 31 de octubre de 2006, y, finalmente, al 5 de enero de 2007, que es cuando se inauguró.

Con un coste de 13.146 millones de euros, en su día fue el proyecto de financiación privada más importante del mundo y se construyó mediante la fórmula construcción-explotación-traspaso (BOT son sus siglas en inglés). Según se preveía originalmente, la concesión tendría una duración de 35 años, tras lo cual, la línea se entregaría al Estado.