(25/03/2015) Los costes del proyecto, 358,6 millones de euros, correrían íntegramente a cargo del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder) y de España. Pero la Comisión alberga dudas sobre si el proyecto persigue un objetivo de auténtico interés general. La apertura de una investigación detallada ofrece a las partes interesadas la oportunidad de formular sus observaciones y no prejuzga los resultados consiguientes.

En septiembre de 2013, las autoridades españolas notificaron a la Comisión su intención de conceder ayuda a la construcción de un circuito ferroviario en el que los fabricantes podrían realizar pruebas con trenes de alta velocidad y equipos afines a velocidades de hasta 520 km/h. Se ha previsto que la financiación pública cubra íntegramente los costes de inversión, que ascienden a 358,6 millones de euros. El grueso de la financiación procedería de fondos Feder, y el resto del presupuesto español.

Demanda escasa

La Comisión evaluó el proyecto en virtud de la normativa en materia de ayudas públicas destinadas a las actividades de investigación, desarrollo e innovación (I+D+i). La investigación inicial ha puesto de manifiesto que la demanda de ese tipo de centro de ensayos ferroviarios es escasa. La Comisión Europea ha constatado que, siendo la oposición a la sociedad bastante enérgica, especialmente por cuestiones ecológicas, considera, por lo tanto, dudoso que el proyecto persiga un objetivo de interés general. La Comisión piensa también que la medida podría conceder al CEATF una ventaja selectiva con respecto a otros centros de ensayo de trenes de alta velocidad en la UE, que funcionan sin ayuda estatal.

Además, según la Comisión, la información facilitada hasta ahora por España no basta para determinar si la infraestructura del CEATF estaría realmente a disposición de todos los usuarios potenciales de la Unión en condiciones de acceso abierto y no discriminatorio. Las previsiones que se manejan actualmente indican también que el proyecto será predominantemente deficitario, y no está claro que la financiación pública del proyecto del Centro vaya a suponer un estímulo para que los inversores privados aporten financiación complementaria y compartan los riesgos del proyecto.

La ausencia de inversores privados acarrearía, previsiblemente, que no se cumpla la intensidad máxima de ayuda, es decir, la proporción de los costes de inversión subvencionables con arreglo a las normas sobre ayudas estatales en materia de apoyo público destinado a infraestructuras de investigación. La apertura de la investigación permitirá a la Comisión recabar información detallada sobre los aspectos que planteen dudas.

Licitación desierta en 2013

El CEATF se construiría cerca de Málaga, concretamente en Antequera y su objetivo sería permitir el desarrollo de actividades de investigación en tecnología ferroviaria de alta velocidad, y la homologación y puesta a punto de material ferroviario y elementos de estructura y superestructura. La licitación convocada por la Administración española en 2013 para seleccionar a un operador del centro por un periodo de veinticinco años quedó desierta al no manifestar su interés ningún licitador.

En 2014, la Comisión adoptó nuevas normas en materia de ayudas públicas aplicables a las medidas concedidas por los Estados miembros a las actividades de investigación, desarrollo e innovación (I+D+i), que entraron en vigor en julio de 2014. Concretamente, estas normas exigen que el proyecto persiga un objetivo de demostrado interés común y subsane una verdadera deficiencia del mercado.

Además, la ayuda pública debe ser necesaria para inducir al beneficiario a cambiar de comportamiento en cuanto a la financiación del proyecto -efecto de incentivo- y limitarse al mínimo necesario para ejecutar el proyecto. En particular, cuando la ayuda se destina a infraestructuras de investigación, es decir, instalaciones, recursos y servicios afines utilizados por los miembros de la comunidad científica para llevar a cabo actividades de investigación en sus campos respectivos, la ayuda pública debe limitarse a un máximo del 60 por ciento de los costes subvencionables.