(14/12/2017) Los datos corresponden a un estudio del Observatorio de Costes y Financiación del Transporte Urbano Colectivo, elaborado a partir de los datos facilitados por quince de los principales operadores de autobús del país, y presentado ayer en Madrid.

En promedio, una operadora da servicio a 42,6 millones de usuarios al año, recorriendo 15,09 millones de kilómetros a través de una red que tiene una extensión media de 551,08 kilómetros.

Los operadores en España tienen una media de 61 líneas, con casi seis vehículos por línea. Los vehículos de casi diez años de antigüedad media, en su mayoría están propulsados por gasóleo o gas, si bien la flota de híbridos crece prácticamente a un ritmo de 10 por ciento anual.

Esa incorporación de propulsiones alternativas requiere una inversión mayor que las convencionales y necesita de ayudas financieras públicas. Según el Observatorio, esas aportaciones para la renovación de vehículos e incorporación en algunos casos de modelos “eco, ascienden a 3,24 millones de euros anuales por operador de media.

Costes del viaje

La partida mayor de los costes corresponde a los gastos de personal, alrededor del 60 por ciento o 1,51 euros por viaje. Los conductores absorben la mayor parte de ese coste ya que forman el 70 por ciento de las plantillas de los operadores.

Los costes de mantenimiento y combustible representan el 16,1 por ciento del total, 0,42 euros. Cada viajero supone un consumo medio de dieciocho litros de combustible al año, lo que supone unos 11 euros.

Ingresos

El 47,4 por ciento de los costes que no cubren los ingresos por billete debe cubrirse con recursos de las administraciones, mediante asignaciones que no están reguladas a través de una Ley de Financiación del Transporte Público de ámbito estatal, marco legal que existe en toda Europa salvo en España.

ATUC defiende que una ley de ese tipo permitiría ordenar estratégicamente estas aportaciones públicas y distribuir responsabilidades entre los distintos agentes para financiar los costes del personal, de los gastos de combustible, del mantenimiento y renovación de flota.

Asimismo, favorecería que las operadoras fueran  más competitivas y su adaptación, manteniendo el nivel de servicio, al cambio de movilidad que experimentan las ciudades.